Los llamados falsos positivos constituyen uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia. 

 

Con ese nombre se conoce popularmente a las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de militares que los presentaban luego como miembros de guerrillas o delincuentes caídos en combate. Asesinatos a sangre fría disfrazados de operativos exitosos para torcer las estadísticas, a cambio de beneficios y ascensos.

 

El modus operandi que se remonta a los años ochenta se volvió una práctica sistemática durante la gestión de Álvaro Uribe que presidió el país entre 2002 y 2010. 

 

La cifra de crímenes cometidos varía según la fuente. En el informe que la Fiscalía General colombiana entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en junio de 2018, constan 2.248 ejecuciones entre 1988 y 2014, principalmente de jóvenes humildes.

 

Después de años de impunidad, las familias de las víctimas siguen pidiendo verdad y justicia y exigen saber quién dio la orden.