Las protestas que comenzaron en Chile en octubre de 2019 contra el alza en la tarifa del Metro, derivaron en un reclamo por mayor igualdad social y en rechazo a la concentración económica en manos de unos pocos y la privatización de los recursos naturales, la sanidad, la educación y las pensiones.

 

Frente a la movilización popular, el presidente de Chile Sebastián Piñera decidió responder con mano dura. Entre octubre del 2019 y marzo del 2020, durante el llamado Estallido Social, 34 manifestantes murieron y más de 3.000 sufrieron violaciones de Derechos Humanos.

 

A un año del inicio de las protestas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile informó que se presentaron 2.520 querellas contra miembros de las Fuerzas de Seguridad. 

 

Además, el organismo detalló que 163 personas sufrieron trauma ocular. De ese total 110 tuvieron algún tipo de lesión y 32 presentaron pérdida de la visión por trauma irreversible, como Gustavo Gatica, un estudiante de sociología y fotógrafo de 21 años, que quedó ciego por los disparos de Carabineros. 

 

El accionar represivo violento -que resultó en muertes, lesiones, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias- fue denunciado por varios otros organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

Las causas judiciales contra miembros de las Fuerzas de Seguridad se encuentran estancadas. Hasta el momento, solo un carabinero fue condenado por el delito de homicidio frustrado. 

 

El presidente Sebastián Piñera sigue al frente del gobierno de Chile.