Más de veinte personas fueron asesinadas en Bolivia en operaciones conjuntas de la Policía y el Ejército contra las protestas que se desarrollaron en Senkata y Sacaba en noviembre de 2019 en rechazo al Golpe de Estado y en defensa de la Whipala.

 

Los hechos fueron calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo de Bolivia que acusó además al régimen de facto de haber cometido delitos de lesa humanidad. 

 

Ambas masacres ocurrieron en el contexto de las elecciones generales frustradas de 2019, luego de que Evo Morales fuera obligado a renunciar a la presidencia y forzado al exilio por la derecha radical que instaló un clima de convulsión social, la Policía y las Fuerzas Armadas, con el apoyo de actores extranjeros.

 

El derrocamiento de Morales fue seguido de la asunción ilegítima a la presidencia de Jeanine Áñez que para el momento de las masacres había eximido al Ejército de su responsabilidad por decreto presidencial.

 

Un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) llegó al país en noviembre de 2020 para investigar las manifestaciones salvajemente reprimidas.

 

Lxs autorxs intelectuales y materiales de las masacres de Senkata y Sacaba permanecen por ahora en la impunidad.